Mientras miles de estudiantes del sistema público asisten a clases en condiciones precarias, con salas deterioradas y graves déficits educativos, el Estado ha continuado pagando millonarias remuneraciones a directores de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que se encuentran suspendidos de sus funciones.
Una falla grave en la Ley de Educación Pública ha permitido que altos directivos cuestionados por deficiente gestión y eventuales faltas a la probidad sigan recibiendo sueldos completos, equivalentes a remuneraciones de mercado, pese a no ejercer funciones efectivas durante meses e incluso años.
El caso más crítico se registra en el SLEP Valparaíso, donde la extensión injustificada de sumarios administrativos habría significado un desembolso fiscal cercano a los 296 millones de pesos, pagados a un director que, según los antecedentes conocidos, no habría trabajado un solo día durante el periodo de suspensión.
La situación fue llevada ante la Contraloría General de la República, evidenciando una falta de control, fiscalización y voluntad política para cerrar procesos disciplinarios que se arrastran indefinidamente, generando un uso inaceptable de recursos públicos.
Este escenario contrasta de forma brutal con la realidad que enfrentan comunidades educativas en regiones como Atacama y Valparaíso, donde persisten problemas estructurales, suspensión de clases y falta de soluciones concretas, mientras los recursos siguen drenándose en pagos sin contraprestación.
El caso vuelve a instalar una pregunta de fondo: ¿cómo se justifica el pago de cientos de millones de pesos a funcionarios suspendidos, mientras la educación pública continúa en crisis?
Fuente: melodiafm.cl
