Tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en febrero de 2024, la entonces delegada presidencial de la región, Sofía González (actual diputada electa del PC), suscribió seis contratos con la empresa San Nicolás Spa para arriendo de maquinaria pesada (camiones tolva, retroexcavadoras, etc), para el retiro de escombros en turnos de día y noche por lo cual se realizó vía trato directo, por un monto total de $6.725.655.566.
Diputados del Partido Republicano anunció que solicitará la creación de una Comisión Especial Investigadora para indagar las irregularidades detectadas en la contratación de servicios tras el megaincendio de febrero de 2024 en la región de Valparaíso, particularmente un trato directo por más de $6 mil millones adjudicado por la Delegación Presidencial Regional.
Según los parlamentarios, el foco estará en los contratos suscritos durante la gestión de la entonces delegada presidencial y actual diputada electa por el Partido Comunista, Sofía González, con la empresa San Nicolás.
De acuerdo con los antecedentes difundidos en las últimas horas, la firma —constituida en 2021 y dirigida por un joven de 20 años— no contaría con experiencia en el rubro, ni con maquinaria o personal para ejecutar las labores comprometidas, que incluían remoción de escombros y demolición de viviendas siniestradas, principalmente en el sector El Olivar.
Por su parte, la diputada Chiara Barchiesi (Distrito 6) sostuvo que los hechos son “de la máxima gravedad” y que deben ser investigados tanto en el ámbito penal como político, considerando que una de las autoridades involucradas actualmente fue electa para integrar la Cámara.
Cinco informes, que suman 504 páginas y ya están en manos del Ministerio Público, revelan pagos sin respaldo, adjudicaciones dudosas y sobreprecios estratosféricos que podrían configurar delitos y un grave perjuicio económico para el Estado.
Los hallazgos se centran en la gestión de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, que encabezaba González. Se detectaron pagos injustificados por $586 millones a dos empresas: Minera y Constructora Río Grande SpA y San Nicolás SpA. Esta última recibió $399 millones respaldados con fotografías repetidas o inconsistentes, y se registraron pagos duplicados y conductores operando múltiples máquinas simultáneamente.
Ambas firmas se adjudicaron contratos por $7.298 millones vía trato directo, sin acreditar capacidad técnica ni contar con maquinaria propia, transgrediendo la ley al subcontratar todos los servicios.
Contraloría también emitió un informe sobre la contratación de la Dirección Regional de Arquitectura del MOP a San Nicolás Spa para la demolición de viviendas en el sector de El Olivar en Viña del Mar.
- La empresa fue recomendada a fines de febrero de 2024 por Yanino Riquelme (PC) quien era seremi del MOP de la delegación presidencial de Valparaíso y reemplazó a Sofía González como delegado presidencial.
- Contraloría cuestionó que la propia directora regional de arquitectura contactara a los representantes de la empresa vía whatsapp para preguntarles informalmente “¿cuál es tu espalda económica máxima? ¿tienes capacidad para asumir una garantía del 5%?”, sin nunca requerir documentos formales para comprobar las capacidades financieras y técnicas.
- El valor contratado por cada vivienda demolida con la empresa San Nicolás SpA fue de $7.306.600, notoriamente superior a otras ofertas recibidas.
- El MOP paralizó los trabajo debido a que la empresa no entregó boleta de garantía, pero como ya habían ejecutado buena parte del proyecto les pagaron $1.527.079.400.
