La promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos que fue promulgada este miércoles por el Presidente de La República, Gabriel Boric, comenzaría a operar recién en 2029 en Los Ríos, según el cronograma del programa.
Aunque el fondo de la ley es celebrado como un hito, el calendario de implementación desató una dura crítica por parte de algunos parlamentarios de Los Ríos, ya que la región deberá esperar 48 meses para recién contar con el servicio.
La ley establece una aplicación gradual que prioriza la zona norte y central, dejando a la macrozona sur (de Ñuble a Aysén) para la etapa final, dónde recién comenzaría a implementarse en 2029.
El Senador Iván Flores (DC) fue crítico, acusando una postergación injustificada de la justicia para la zona sur.
Flores calificó la decisión como un agravio directo a la región, asegurando que “para variar, la postergación de las regiones. Cuando se anuncia con bombo y platillo que la Defensoría de las Víctimas va a entrar en vigencia y ahora se promulga la ley, resulta que la Región de Los Ríos va a entrar en régimen en cuatro años más. A mí me parece, de verdad, una burla y una falta de respeto a las regiones, de verdad. Nosotros somos parte de la macrozona sur y por lo tanto, deberíamos tener un inicio de inmediato en la Defensoría de las Víctimas y ahora resulta ser que no es así”.
Además, anunció que agotará todas las instancias para revertir el calendario, manifestando que “nos parece que los plazos de instalación en regiones alejadas a la capital es algo excesivo, por lo que pediremos que se adelanten los plazos para que la defensoría de las Víctimas empiece a funcionar a la brevedad en nuestra región de Los Ríos y agotaremos todas las instancias para lograr aquello”.
Los demás legisladores de la región se centraron en destacar el valor del proyecto, sin criticar abiertamente el calendario.
El Senador Alfonso De Urresti (PS) y el Diputado Marcos Ilabaca (PS) celebraron la ley como un “esfuerzo transversal” y un avance “absolutamente urgente y necesario” para modernizar la asistencia judicial y saldar la deuda de la defensa de víctimas en el país.
El Diputado Bernardo Berger (RN) reconoció la espera de 4 años, pero optó por un enfoque pragmático. “Por supuesto que me hubiera gustado que nuestra región hubiera sido una de las primeras en el calendario de instalación, pero la mayoría en el Congreso definió que fuese en orden de norte a sur”, manifestó.
“Prefiero tomar esto desde lo positivo: la experiencia de la instalación en el norte nos ayudará a poder detectar cualquier problema, y estar preparados para que cuando nos toque, sea de manera eficiente y fluida, para atender a las necesidades de nuestros vecinos de la región”, concluyó Berger.
En tanto, desde el Gobierno, el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó que “la naturaleza y objetivos del servicio y en particular de la defensoría de las víctimas permite la unificación del sistema de atención que tiene en la actualidad el Estado dispersa en distintas instituciones”.
