La Contraloría General de la República detectó serias deficiencias en la gestión de CONAF ante los incendios forestales ocurridos en Traiguén y Lonquimay, entre 2024 y 2025.
El análisis se realizó a través de dos Informes de Investigación Especial, que revelaron errores en protocolos, omisión de alertas meteorológicas, y faltas en registros críticos.
Caso Traiguén: quema autorizada, incendio fuera de control
En el incendio “Providencia”, ocurrido en 2025 en Traiguén, la CONAF autorizó una quema controlada que no fue bien ejecutada, lo que provocó un siniestro que arrasó 3.064 hectáreas.
El informe concluyó que no se consideraron alertas preventivas de incendios de SENAPRED, ni las condiciones meteorológicas adversas emitidas por la Dirección Meteorológica de Chile.
La Contraloría instruyó un sumario administrativo y remitió los antecedentes al Ministerio Público, debido a la omisión de denuncia por parte de la entidad.
Lonquimay: errores de registro y sistema sin implementar
En Lonquimay, un incendio afectó 805 hectáreas en la zona de Troyo. Se combatió durante 129 días, pero la fiscalización detectó que no se utilizó completamente el sistema SIDCO, encargado de valorar pérdidas y costos.
Esto obligó a realizar cálculos manuales, sin información estandarizada ni confiable. También faltaban registros del Comandante de Incidente en 11 de 15 fichas analizadas.
La Contraloría ordenó implementar el sistema SIDCO en 6 meses, mejorar interoperabilidad con otros organismos y formalizar la entrega directa de informes técnicos al Ministerio Público en casos con indicios de negligencia.
