El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una disminución nominal de 30,6% en el Programa de Gestión del Riesgo de Desastres del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), una de las principales herramientas destinadas a financiar acciones de prevención y preparación frente a emergencias.
Según informó BioBioChile, la asignación pasaría de $842.253.000 aprobados originalmente para 2026 a $584.311.000 propuestos para 2027, una diferencia de $257.942.000. La información se conoce después del aluvión que afectó a Las Condes el 8 de octubre y del intenso temporal registrado el martes 13 en la Región Metropolitana, que provocó inundaciones, daños en infraestructura y un tornado en Estación Central.
Los nuevos antecedentes reabrieron la discusión política sobre la capacidad preventiva del Estado frente a fenómenos climáticos extremos. El ajuste propuesto para 2027 se suma a una modificación presupuestaria aplicada durante este año. De acuerdo con documentos de Hacienda revisados por Emol y BioBioChile, el decreto N.º 371 redujo en aproximadamente $918 millones el presupuesto total de Senapred durante 2026, incluyendo $274,3 millones correspondientes al Programa de Gestión del Riesgo de Desastres.
El exdirector del organismo, Álvaro Hormazábal, cuestionó la reducción y advirtió que podría afectar actividades preventivas y simulacros. Sin embargo, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, defendió este miércoles la propuesta del Gobierno y explicó que la respuesta a las emergencias no depende exclusivamente de los recursos de Senapred, debido a que existen mecanismos adicionales de financiamiento a través del Ministerio del Interior y los gobiernos regionales.
Pavez aseguró que el Ejecutivo dispondrá de los recursos necesarios para enfrentar las emergencias y descartó, por ahora, recurrir al mecanismo constitucional excepcional del 2% para financiar la respuesta a los recientes temporales. La autoridad sostuvo que pueden utilizarse glosas presupuestarias específicas y recursos regionales coordinados mediante los comités de gestión del riesgo de desastres. La controversia continuará durante la discusión del Presupuesto 2027, cuando los parlamentarios deberán evaluar si los montos propuestos permiten mantener las capacidades de prevención, preparación y coordinación institucional.
El debate adquiere especial relevancia porque las emergencias de octubre han evidenciado dificultades para anticipar fenómenos meteorológicos localizados, mientras autoridades regionales y especialistas solicitan fortalecer los sistemas de alerta temprana y las inversiones destinadas a reducir riesgos.
